Firma electrónica: requisito para ejercer la jurisprudencia

En Ecuador, 176.420 personas ya cuentan con firma electrónica y pueden utilizarla para efectuar trámites ante las entidades públicas del país

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Pasillos solitarios, oficinas vacías, aparcamientos sin autos; así se ven las instalaciones del Complejo Judicial en Santo Domingo, tras la emergencia sanitaria originada por la Covid-19. El edificio, que hace poco más de 5 meses albergaba un sinnúmero de personas al día, actualmente, no está abierto al público por razones de bioseguridad. A pesar de los impedimentos, quedarse de brazos cruzados no era una opción; el sistema judicial del país necesitaba continuar con sus labores. Varias fueron las alternativas barajadas, pero la más viable fue el uso de la firma electrónica, que ofrece un carácter oficial a los escritos ingresados, y lo más importante, no compromete la salud de los usuarios.

Este servicio, se encuentra vigente en la Función Judicial desde el año 2014, cuando se pretendía, migrar al campo digital. Sin embargo, la mayoría de abogados prefirieron seguir presentando los escritos de manera personal. A raíz de la pandemia, se cerraron los edificios del sistema judicial y el uso de la firma electrónica pasó a ser obligatorio, para quienes deseaban seguir ejerciendo su profesión. Según cifras del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, tan solo entre enero y abril de 2020, se registraron 20 millones de documentos firmados electrónicamente, resaltando que, hubo un ahorro de $5 millones de dólares, por concepto de impresión de documentación.

En relación con el sistema judicial, la obtención de la firma electrónica se realiza a través de la página web del Consejo de la Judicatura. En ella se puede adquirir el certificado según el tipo de persona, sea jurídica, natural o servidor público. Para iniciar el proceso, se debe completar un formulario en la página y los siguientes requisitos: copia escaneada de cédula o pasaporte, certificado de votación y pago de un servicio básico. El ex juez Héctor Echanique, adquisidor del servicio, considera que la tramitación para obtener la firma, debería ser más sencilla, quienes no manejan las nuevas tecnologías podrían encontrar un obstáculo en este proceso.

Pese a la demora por la alta demanda de firmas, las ventajas de obtenerla son mayores. Respecto a los recursos físicos, uno de los principales beneficios es la disminución del uso de papel y tinta, que a su vez reducen el impacto negativo al medio ambiente. Por otra parte, existe un ahorro de tiempo en operaciones logísticas. Los abogados y fiscales ya no se ven obligados a trasladarse a las diversas unidades judiciales del país, para ingresar escritos. Wilter Vera, abogado civilista, comentó que la firma le ahorra tiempo y dinero. “A veces hay que presentar escritos en alguna otra provincia, pero ahora desde mi casa, si tengo conexión a internet, puedo enviar el escrito sin trasladarme”, dijo Vera.

Sin embargo, no todo aspecto en la relación a la firma electrónica es positivo. El abogado penalista y civilista, Manuel Cedeño, manifestó que se le presentaron inconvenientes a la hora de utilizar el servicio. La falta de capacitación de parte del Consejo de la Judicatura hacia los abogados y jueces, le ocasionó problemas para continuar con los procesos judiciales que manejaba, antes de la pandemia. “Muchos jueces y secretarios no estaban habituados a esta modalidad e ignoraban el uso de esta tecnología”, argumentó Cedeño.

Para Manuel Cedeño, quien estaba acostumbrado al ajetreo de su labor, migrar a un sistema digital, ha significado un gran cambio. Tras rutinas llenas actividad y viajes, le cuesta mantenerse en casa. Sentarse frente a una pantalla a redactar escritos y enviarlos, mediante la ventanilla virtual, lo hace sentir inquieto. Espera con ansias, el día que pueda volver a ejercer su profesión, de manera presencial.

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