Abusos sexuales a menores: mito hecho realidad

Durante los últimos años, dentro del país se han registrado un sin número de casos de delitos sexuales hacia niños y adolescentes, muchos de ellos ocurridos dentro de los planteles educativos a los que asisten los menores. Sin embargo, no es hasta este año, que las denuncias comenzaron a ser más notorias y frecuentes debido a que más víctimas se han atrevido a romper el silencio, denunciando a sus agresores. Hay que agregar, además, que lo más alarmante de esta problemática es la cantidad de casos que al ser reportados llegan a quedar en la impunidad, privando de un buen sistema de justicia a nuestro país.

Según datos del Ministerio de Educación, en Ecuador, desde el año 2014 hasta el presente año, se han reportado alrededor de 882 casos de abuso sexual hacia menores, estando el 63% de estos, vinculado a diversos planteles educativos. A su vez, los datos exponen que la provincia con mayor incidencia de estos delitos es Guayas, siguiéndole Pichincha y otras provincias del Ecuador. Simultáneamente, otros datos estadísticos muy preocupantes, muestran que en nuestro país tan solo el 15% de todos los casos que se producen son denunciados, y peor aún, solo el 5% de estos llega a ser sancionado, el resto quedan prescritos o exentos.

Existen varios motivos por los cuales los menores, víctimas de abuso, no se atreven a denunciar. Uno de los principales es la falta de evidencia del delito, ya que al no existir pruebas tienen el temor de que desconfíen de ellos. Manuel Cedeño, abogado, expresa que cuando se presenta uno de estos delitos, la falta de evidencia representa un inconveniente o dificultad para las víctimas, ya que al no haber la debida documentación, muchos casos quedan en la impunidad.

Fotografía: Paola Cedeño

Hay que mencionar, además, que otra de las razones por las que los menores no quieren denunciar es debido a que sus agresores los amedrentan para que se mantengan en silencio, lo que causa dificultades para detectar si existe abuso sexual. Así mismo, para Blanca Chuquimarca, psicóloga clínica del plantel educativo “Calasanz”, otra razón para ocultar esta situación hacia los padres, es la falta de confianza debido a la carencia afectiva que existe o ha existido en el núcleo familiar.

Otro aspecto que se debe examinar también, es el perfil que toman en cuenta los planteles educativos cuando van a contratar personal. En varios de los casos de abuso sexual que se han dado en las instituciones, las autoridades de estas no han sido capaces de detectar a tiempo estas irregularidades, siendo ellos los responsables de cumplir el rol de proteger la dignidad e integridad de los niños y adolescentes. Liliana Dávila, vicerrectora de la Unidad Educativa “Calasanz”, considera que antes de contratar talento humano se deben realizar varias evaluaciones, no solo a nivel académico, si no también psicológico.

Por todas estas y muchas otras razones, diversos de los casos no son denunciados, pero, ¿qué hay acerca de aquellos que sí son llevados ante la justicia, se les otorga el juicio y la pena que merecen? Mucho se ha hablado de esto, ya que para una gran parte de la población las penas no son suficientes o, en algunos casos, los agresores llegan a quedar exentos o prescritos. Esto lleva a preguntar si realmente se hace justicia ante estos casos o simplemente se dejan en la impunidad.

Como ya se mencionó anteriormente, los datos estadísticos muestran que del 15% de casos denunciados, sólo es sancionado el 5%; una cifra realmente baja. En muchos de estos delitos, los agresores se dan a la fuga y desaparecen por el tiempo suficiente para que, según las leyes ecuatorianas, el delito quede prescrito, es decir, ya no deben ir a juicio ni cumplir una pena pese a que son culpables. Héctor Echanique, juez de Santo Domingo, considera que estos casos no deben quedar impunes por más que haya transcurrido el tiempo.

Fuente: Fiscalía General del Estado

En definitiva, estos últimos años Ecuador ha sufrido una oleada de denuncias de transgresiones sexuales en planteles educativos. Sin embargo, como se ha visto a través de los casos que ya se han denunciado, no todos los agresores reciben la pena que merecen o llegan a quedar exentos. Esto hace reflexionar acerca de las personas encargadas de la justicia, si hacen o no el debido proceso de investigación y asignación de condena; así mismo, acerca del sistema educativo, si realizan los controles necesarios a los docentes del país.